El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 un extravío político Argentino

Demetrio Boyan Guarachi

4 de Marzo 2021

 Hoy la mayoría de las entidades sencibilizadas por la cuestión migrante, festejamos la derogación del DNU 70/2017. Finalmente después de mucho trabajo, en congresos, debates, charlas, capacitaciones y otros medios para difundir la preocupación general de la población migrante respecto del decreto que constituyó la idea restrictiva, anacrónica pero rectora de la política migratoria del Gobierno anterior.

Lejos de conjugar los derechos de los migrantes y de la población nativa, el Poder Ejecutivo promulgó el DNU 70/2017, con la intensión de actuar sobre los avances ponderados y reconocidos internacionalmente de la Ley 25.871, en tal sentido se procuró un marco restrictivo hacia el último patrón migratorio.

El decreto era claramente insconstitucional, vulneraba el principio de inocencia y debido proceso, no abogaba por la unidad familiar, era contraria a los derechos reconocidos por la constitución a normas internacionales a cerca de los derechos de los migrantes, pero, más allá de las modificaciones a la Ley , fue también importante la comunicación oficial, el impacto buscado por ello y la interpretación de la misma por parte de la sociedad en general.

En el afán ocultar la improvisada como imperativa medida, el poder ejecutivo recurrió al obsecuente aliado y puso en marcha la propaganda hacia el migrante. Al igual que en el segundo gobierno del expresidente Carlos Menen, los medios de comunicación hicieron eco de ello y se instaló una falsa discusión respecto de la excesiva permisividad de la política migratoria Argentina, sumado a que gran parte de los flagelos de la sociedad estaban relacionados con el extranjero y particularmente el que provenía de Latinoamérica.

Previsiblemente en esta mirada acompañó la tendencia internacional de relacionar al migrante como generador de pobreza y su consecuente rechazo por parte de la población local. Esta probado que la percepción de rechazo al migrante se puede traducir en capital político, como lo fue Donald Trump en EE. UU. y el crecimiento de los partidos de derecha en Europa. En el caso Argentino se intentó inducir una percepción distinta a la tradición de su sociedad.

Con la falsa premisa de que una porción mayoritaria de argentinos demandaban una política restrictiva hacia los migrantes se llegó a escuchar argumentaciones que claramente rozaban lo irracional, entre ellas: que la Argentina era el ajuste social de Bolivia y Paraguay, las principales villas del conourbano bonaerense están tomadas por narcotraficantes peruanos, importamos a la resaca de Latinoamérica, nuestras fronteras son un colador, etc, etc, etc. Estaba claro que, los desaciertos desde el punto de vista económico, político que habían generado insatisfacción y desencanto general, en ese sentido se pretendió compensar el ostensible extravío político con la materialización de un decreto asumido erróneamente como demanda de la sociedad. Eso Fue El DNU 70/2017.

Más allá, del falso debate pos decreto, tenemos que intentar buscar en los efectos de esa política y probablemente es ahí donde radica el mayor daño que se hizo a los migrantes. Sí, las principales figuras hicieron deliberadamente eco del desprecio a los migrantes, la misma se convierte en una suerte de tácito permiso para denigrar, esto es dar vía libre a la discriminación y xenofobia. Generar un clima adverso, un contexto potencialmente peligroso para la población migrante, ya que la convierte en el Otro, aquel al que se debe tutelar, aquel que se debe vigilar, y maltratar si fuera necesario. Lo que significó el mencionado DNU como norma es una cosa, pero clima generado hacia los migrantes en la sociedad Argentina a partir del discurso oficial es otra cuestión.

Es en ese sentido que derogar el DNU 70/2017 conlleva un cambio de política hacia el migrante, seguramente más a tono con el preambulo de Constitución Argentina, sin embargo a los migrantes nos queda iniciar el camino de desarmar los efectos de esa política anterior y es ahí donde nuestras expectativas son positivas, ya que más allá de la dificultad existe la tranquilidad de que hay una Ley que acompaña todo esfuerzo por mejorar la condición del migrante. Esta claro que el horizonte es distinto y auspicioso, la directiva del Decreto Ley que deroga el anterior, dice en su artículo tercero que se creará la Comisión Asesora de Política Migratoria y esto nos ilusiona a punto tal de pensar, incluso, con la mejora de la Ley 25.871 y que en el mediano plazo nos encontremos en un escenario propicio para avanzar en cuanto a los derecho de los migrantes.

No hay duda que la sociedad Argentina es solidaria, inclusiva, generosa y que el hecho de ser precursora en los Derechos Humanos obedece a una suerte de mandato de su componente social, en esa línea el DNU 70/2017 fue apenas una acción tendiente a buscar un rédito político que al gobierno de ese entonces le era esquivo. Era claro que tenia poco sustento y no se correspondía con la tradición Argentina en materia de política migratoria. De ahí que una vez promulgado era previsible su derogación.

Si hay que imaginar un país en el que se de el punta pie inicial, en materia de derecho políticos hacia los migrantes, ese a mi agrado, seguramente será la Argentina.

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